COVID-19 Perspectiva y marco legal en relación de la acción y decisión del paciente frente a la situación de salud.

Situación basada a la realidad.

El diagnostico de las enfermedades infecto-contagiosas en un contexto patológico se las consideran de alto riesgo a nivel comunitario en aspectos epidemiológicos por lo que a nivel nacional se han creado estrategias o programas para la prevención de la misma, sin embargo la presencia de enfermedades infecto-contagiosas o complicaciones de su cuadro patológico es un problema de salud pública ya que instituciones de salud del estado se ven en el compromiso legal de proporcionar la atención sanitaria. No obstante en el Ecuador hay recurrencia de personas con diagnóstico de enfermedades respiratorias a quienes el MSP brinda la facilidad de retirar medicina de manera gratuita en centros de salud cercanos e infortunadamente los usuarios recurren en optar actitudes que son perjudiciales para su cuadro patológico.

Situaciones como estas se presentan con mucha frecuencia en casas de salud privadas y públicas como las del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o del Ministerio de Salud Pública, en donde se presentan casos por emergencia de pacientes con diagnostico de TB ingresan y son derivados a aislamiento en Hospitalización por causa de complicaciones del cuadro patológico asociados a factores socio-económico, culturales, ambientales y de carácter voluntario, dentro del marco legal en donde nuestro objeto de estudio sustenta sus bases en función a una jurisprudencia constitucional, se considera lo siguiente:

Constitución de la República del Ecuador.

La Carta magna ecuatoriana como base de representación  jurídica a nivel nacional, es la única fuente directa de contenido legal donde este articulo validan sus criterios en función a un amparo constitucional que apoye el desarrollo de esta publicación.

El artículo 32 de la constitución indica que “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. (Constitucion de la República del Ecuador, 2008, p.16).

La constitución menciona en su artículo 35 que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad (Constitucion de la República del Ecuador, 2008, p.17).

El numeral 8 del artículo 38 indica que a todo usuario se le debe proporcionar “Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008, p.17).

Así como también  el numeral 2 del artículo 66 establece que “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008, p.27).

Ley Orgánica de Salud del Ecuador.

Según la ley orgánica de salud  estable conforme indica el artículo 42 de la Constitución Política de la República, dispone que “El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral, comunitario y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia” (Ley Orgánica de Salud del Ecuador, 2015, p.1).

También considera según en su artículo 3 que. La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables (Ley Orgánica de Salud del Ecuador, 2015, p.2).

Sin embargo en relación al objeto de estudio la ley orgánica de salud en su artículo 7 literal h, establece que “Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la salud pública” (Ley Orgánica de Salud del Ecuador, 2015, p.7).

En el articulo 8 literal a, indica que el individuo debe “Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de salud”, en el literal c establece que el individuo debe “Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o comunitario” (Ley Orgánica de Salud del Ecuador, 2015, p.8).

No obstante indica que es de competencia estatal garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual el articulo 9 en el literal f, menciona que el estado debe “Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud colectiva” (Ley Orgánica de Salud del Ecuador, 2015, p.8).

Según el artículo 62 establece que el estado “Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y disponibilidad de medicamentos, con énfasis en genéricos, exámenes de detección y seguimiento, para las enfermedades señaladas en el inciso precedente, lo cual también debe garantizar el sistema nacional de seguridad social” (Ley Orgánica de Salud del Ecuador, 2015, p.13).

Y asociado al cuidado de enfermería dentro de las competencias del servicio de salud indica en su artículo 64 que  “En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de enfermedades transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las medidas de bioseguridad y otras necesarias para evitar la transmisión y propagación de conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional” (Ley Orgánica de Salud del Ecuador, 2015, p.13).

Código orgánico integral penal.

El COIP, en su artículo 3 menciona que “la salud  es el estado de completo bienestar, mental, físico, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas la necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas como son sus necesidades sanitarias, nutricionales, sociales y culturales” (Código Orgánico Integral Penal, Proyecto Salud, 2016, p.13).

Asociado a las personas con enfermedades catastróficas y de alta complejidad menciona en su artículo 20 que, “Las personas con enfermedades catastróficas y/o de alta complejidad, tendrán derecho a atención especializada en todos los niveles de atención y complejidad de manera gradual, oportuna y preferente, de acuerdo a la normativa establecida por la autoridad sanitaria nacional” (Código Orgánico Integral Penal, Proyecto Salud, 2016, p.19).

Menciona también en el artículo 26 que para todas las personas naturales que residan dentro del territorio ecuatoriano según el numeral 4 que deben “cumplir con el tratamiento y normas dispuestas por la autoridad sanitaria nacional, cuanto presenten o tengan contacto con un potencial riesgo para la colectividad” (Código Orgánico Integral Penal, Proyecto Salud, 2016, p.22).

En lo que respecta al artículo 124 del COIP establece que, “será prioridad esencial y obligación de todos los integrantes del sistema nacional de salud generar e implementar acciones y estrategias, por ciclo de vida, dirigidas a intervenir sobre los determinantes de la salud y los factores de riesgo para evitar o reducir el avance de enfermedades, deficiencias, lesiones y problemas de salud pública” (Código Orgánico Integral Penal, Proyecto Salud, 2016, p.55).

Los organismos de ley en el país son muy claros en todos los contextos asociados a la atención de salud, derechos del paciente, enfermedades crónicas así como también realizan énfasis en las obligaciones que el estado tiene que cumplir en aspecto como el preservar la salud ante enfermedades transmisibles.

En anuencia a las bases legales que dan el aval al desarrollo de este estudio, se puede considerar que pacientes con enfermedades infecto-contagiosas en una casa de salud son individuos con riesgo potencial de infección o de contaminación para otros usuarios quienes esperan atención de salud, es por eso que en función a la ley el personal de salud debe tomar medidas a fin de mantener el control del cuadro patológico tomando las medidas de bioseguridad que el caso amerite.

Los artículos de los organismos de ley son claros en mencionar que el individuo o paciente es completamente capaz de tomar decisiones a voluntad sobre su estado de salud, sin embargo la ley indica que el solo hecho de hacerlo representa un riesgo a la colectividad generando un problemática a nivel epidemiológico. La actitud del paciente con enfermedades infecto-contagiosas en muchas situaciones es la de abandonar el tratamiento y por consiguiente el complicar el cuadro patológico logrando ser un riesgo para la población, el entorno y para la casa de salud que le brinda el servicio.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0542-4796; Autor. Barcia Poveda Carlos.